martes, 19 de enero de 2010

...Y mas sentencias.

Condenan a pagar 300 euros a un maestro de sexto curso de Educación Primaria que llamó "ceporro, palurdo e inútil" a un alumno

El fallo emitido por la Audiencia Provincial de Valencia ratifica la sentencia de un juzgado de instrucción que fue recurrida por el docente, sentado en el banquillo acusado de vejaciones contra el estudiante, con quien mantuvo una "actitud de burla" tras sacarlo a la pizarra.


Al parecer, su conducta y sus insultos hacia el menor provocó las risas del resto de sus compañeros de clase. Incluso en una ocasión en la que otro chico le espetó "que se fuera a la mierda", el profesor respondió "que ya estaba en ella". Para adoptar su decisión, contra la que ya no cabe impugnación, el tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones del alumno afectado, las de sus padres y las de otras dos discentes.

Además, el magistrado indica que "la prueba de descargo que podría haber servido para exculpar al denunciado o, al menos, para generar una duda razonable sobre lo ocurrido, que eran las declaraciones de otros alumnos de la clase", no se ha aportado. Sólo fue presentado un documento conjunto del profesorado del centro en el que ocurrió el suceso confirmando la gran calidad personal y profesional del imputado, "lo que no elimina la realidad de los hechos enjuiciados", según apunta el juez, que ha terminado por considerar al docente como autor de una falta de vejaciones injustas leves, imponiéndole una multa de quince días con una cuota diaria de 20 euros, lo que hace un total de 300 euros.

En esta misma región, pero en la provincia de Alicante, otro maestro resultó recientemente absuelto de una falta de vejaciones y coacciones por las que fue acusado por el padre de una estudiante a la que castigó poniéndola de cara a la pared y obligándola a copiar por no haber hecho el trabajo al que se había comprometido con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Tras celebrarse el juicio de faltas, el magistrado entendió que aquello no era más "que un dislate que trata de judicializar las pautas pedagógicas de los docentes". La sentencia insistía en que se pone "en claro riesgo la formación de los alumnos, a los que en ningún caso se les podría reprender por muy mal que hiciesen las cosas o cuando no cumpliesen los dictados del profesor", bajo pena "de incurrir en la posibilidad de ser denunciados y, como mínio, sufrir la llamada pena de banquillo".
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