viernes, 15 de enero de 2010

EDUCACIÓN Y PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2010

El 31 de diciembre se publicaba en el Boja la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Analizado el mismo, la Federación de Sindicatos de Enseñanza CGT manifiesta su pesar por la falta de objetivos y la escasa financiación que va a dedicar el gobierno socialista andaluz a la educación.




Lejos de las palabras grandilocuentes, de los términos alterados fraudulentamente, CGT no percibe en estos presupuesto ninguna variación sustancial con la línea de deterioro de la educación publica iniciada hace años por el PSOE Andaluz. Si a ello se suma la vuelta a perder poder adquisitivo de los miles de funcionarios publicos andaluces, el escenario es lamentable.

El empecinamiento en dotar de más cacharrería a los centros educativos, en lugar de resolver los diarios problemas de la educación publica andaluza, permiten concluir que no es ya el gobierno, sino el propio parlamento el que no tiene arreglo. En el preámbulo una vez confirmado que no saldremos de la crisis tampoco este año y precisamente por eso; «Por esta razón, en el Presupuesto de 2010 buena parte del ahorro conseguido con la reducción de partidas no prioritarias será reasignado hacia las políticas de educación y formación, que constituyen el eje central de las cuentas del ejercicio. En este contexto, cabe destacar la puesta en marcha del programa Aula 2.0, mediante el que se persigue extender el uso de las nuevas tecnologías entre los escolares andaluces, adelantando los planes iniciados por el Gobierno de España. Igualmente, se completará la implantación de las Becas 6000, como un instrumento destacado para luchar contra el abandono escolar.» Buenas palabras que solo esconden el fracaso de años de políticas similares que solo suponen en el mejor de los casos repartir dinero.


 



Para mejorar los resultados hace falta contratar inmediatamente a más de 15.000 profesores y profesoras (que están en paro) y que permitirían reducir las ratios, atender inmediatamente las sustituciones y mejorar los rendimientos del alumnado con déficits y consolidar un sistema educativo realmente compensador. Este esfuerzo presupuestario desde CGT solo supone cambiar la orientación de una errónea política de incentivos económicos (mal llamado plan de calidad) a los docentes, por hacerlos responsables únicos de la ausencia de políticas educativas coherentes con la situación socioeconómica de nuestra tierra. Concretamente es rechazable el marco que desde los presupuestos generales del estado (también del PSOE) se le imponen a Andalucía, ya que al ser normativa básica en la materia, la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 15% de la tasa de reposición de efectivos y el incremento del 0,3% de las retribuciones del personal del sector público.

Rafael Fenoy Rico
Secretaria Jurídica y Comunicación Federación de Enseñanza (FASE-CGT)

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