El ministro de Educación confía en que el pacto educativo pueda ser definitivamente aprobado a finales de marzo con el consenso de todos los grupos políticos y agentes sociales. Ni siquiera los requisitos mínimos que han elevado las comunidades gobernadas por el Partido Popular como "condiciones irrenunciables" para apoyar el acuerdo serán obstáculo para llegar a un punto de encuentro, o al menos eso espera Ángel Gabilondo, quien presentó a los consejeros autonómicos un nuevo texto de propuestas para la reforma del sistema de enseñanza que se articula en torno a doce objetivos y 137 acciones concretas que, de recibir luz verde, exigiría reformar 21 artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE). El PP ya ha dejado claro que el documento no le convence, mientras que sindicatos, asociaciones y otras entidades tienen opiniones dispares. El borrador expuesto por el ministro incorpora diversas nuevas propuestas y objetivos encaminados a que todos los centros docentes, con independencia de la naturaleza de sus fondos, "garanticen un servicio educativo de calidad, sin discriminación alguna" y a que "el profesorado disponga de la formación necesaria para hacer frente a las necesidades del alumnado actual". Lo que no ha variado ha sido la propuesta inicial del Gobierno para que 4º de ESO sea considerado como un curso orientador estructurado en dos opciones: una de Bachillerato y otra de ciclos formativos de FP de Grado Medio. Tampoco ha habido modificaciones en torno al compromiso de que todos los cambios normativos que se deriven del pacto sean aprobados por dos tercios de los parlamentarios y de los grupos del Congreso y el Senado.
Tras la reunión sectorial, Gabilondo informó de que su departamento recibió un total de 77 alegaciones, once de autonomías a título individual, seis de las comunidades gobernadas por los 'populares' y el resto de diferentes organizaciones y agentes sociales. "El nuevo documento, mucho más concreto y decidido que el anterior, contempla todas las aportaciones, dejando muchos espacios de respuesta", destacó el ministro.
No obstante, a juicio del PP, este último texto tampoco contiene "avances sustanciales ni reformas de calado ni unos mínimos" para que se pueda alcanzar el consenso. Por ejemplo, no se contemplan "aspectos importantísimos" como la libertad de elección de las familias, tanto en su vertiente de elección lingüística como en la selección de centro educativo, arguyó la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, quien habló en nombre de su partido, formación que también reprocha al Ejecutivo que no haya tenido en consideración sus peticiones respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) y la enseñanza del castellano. Estas regiones plantearon al ministro diez cuestiones concretas "ineludibles" para la consecución del pacto; condiciones que, sin embargo, "ni son determinantes ni suponen auténticos problemas educativos", según respondió Gabilondo, quien aludió a los diagnósticos externos, como el de la OCDE, para justificar que los asuntos que el PP ha puesto sobre la mesa "no son decisivos". En las próximas semanas continuará la ronda de encuentros con el objetivo de acercar posiciones.
Reacciones
El conseller de Educación de la Generalitat valenciana incidió en que todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular son partidarias de un pacto por la educación y que lo ven "posible", siempre que haya "flexibilidad" por parte del Ejecutivo central. Alejandro Font de Mora se quejó, en este punto, de que en el documento entregado por el ministro no se contemplen de forma "clara, definida y nítida" los planteamientos exigidos por el PP; entre ellos, fortalecer las enseñanzas comunes de toda España para no tener 17 sistemas distintos y garantizar la igualdad de oportunidades; mantener los cuerpos nacionales de funcionarios docentes; e incentivar elementos básicos para la mejora de la calidad educativa para luchar contra el fracaso escolar.
Esta formación también pide que se evalúen las competencias lingüísticas como Lengua o Matemáticas, y exige que se pueda garantizar el derecho a estudiar castellano en todo el país. Respecto al EpC, el PP pide una reformulación de la materia para que ésta tenga "un contenido que evite el riesgo de adoctrinamiento que han entendido miles de familias en España".
ANPE, por su parte, considera que el borrador propone medidas efectivas para la mejora de la enseñanza, muchas de las cuales coinciden con las presentadas en su momento por el sindicato. Sin embargo, "sigue siendo insuficiente porque deja sin abordar cuestiones esenciales como la vertebración y cohesión del sistema educativo, esencial en un pacto que aspira a un ámbito de Estado". A esto se suma que deja sin concretar aspectos relevantes sobre el funcionamiento de los centros y la situación del profesorado.
"La propuesta del ministerio -que de ponerse en práctica obligaría a modificar veintiún artículos de la LOE- ratifica la opinión de ANPE con respecto a la necesidad imperiosa de cambios en el modelo y estructura del sistema educativo. El propio ministro ha declarado que estos cambios podrían seguir adelante aunque no se alcance el acuerdo, ya que 'son los objetivos de la educación, con independencia de que haya pacto o no'. Por supuesto, vamos a alentar en todo momento la firma de un pacto global, pero si no fuese posible, es el momento de reconocer la necesidad de acuerdos", argumentaron fuentes sindicales.
En opinión de esta entidad, es preciso aumentar el peso de las materias instrumentales en la enseñanza Primaria, flexibilizar la estructura de la Secundaria, prestigiar la Formación Profesional, aumentar la financiación del sistema educativo, potenciar la autonomía de los centros y desarrollar un Estatuto Docente.
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